La Guardia Civil investiga desde hace meses la supuesta destruccion de documentos que evidenciarían el fraude de los ERE falsos en la Junta de Andalucía y la creación de nuevos papeles para justificar determinadas actuaciones, según ha podido saber ABC.
Los investigadores tienen constancia antes de la confesión de Guerrero, de que varios altos cargos del Gobierno andaluz, vinculados a la Consejería de Empleo, ordenaron a «funcionarios de confianza» que trituraran pruebas. No fue un día cualquiera, sino que esa maniobra se habría realizado un fin de semana de principios del año pasado, en concreto un domingo, para evitar que todo el personal habitual estuviera en sus despachos y en dependencias oficiales de la Junta.
El día «D», el marcado para llevar a cabo esa maniobra de obstrucción a la Justicia, tuvo lugar poco después de que la juez instructora, Mercedes Alaya, solicitara documentación al Gobierno, a primeros de 2011. Ante esa «contrariedad» algunos de los supuestos implicados habrían decidido eliminar pruebas.












