La Guardia Civil investiga desde hace meses la supuesta destruccion de documentos que evidenciarían el fraude de los ERE falsos en la Junta de Andalucía y la creación de nuevos papeles para justificar determinadas actuaciones, según ha podido saber ABC. Los investigadores tienen constancia antes de la confesión de Guerrero, de que varios altos cargos del Gobierno andaluz, vinculados a la Consejería de Empleo, ordenaron a «funcionarios de confianza» que trituraran pruebas. No fue un día cualquiera, sino que esa maniobra se habría realizado un fin de semana de principios del año pasado, en concreto un domingo, para evitar que todo el personal habitual estuviera en sus despachos y en dependencias oficiales de la Junta.

El día «D», el marcado para llevar a cabo esa maniobra de obstrucción a la Justicia, tuvo lugar poco después de que la juez instructora, Mercedes Alaya, solicitara documentación al Gobierno, a primeros de 2011. Ante esa «contrariedad» algunos de los supuestos implicados habrían decidido eliminar pruebas.

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Javier Rivas Beña

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Baltasar Garzón se sentará hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación y contra las garantías de la intimidad entre abogado y cliente. El magistrado ordenó grabar las conversaciones personales entre varios imputados del caso Gürtel y sus respectivos letrados. Sin embargo, tras valorar estos diálogos, Garzón supuestamente intento llevar a cabo una destruccion de documentos en concreto, en un auto fechado el 27 de marzo de 2009.

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La estadística nos dice que cada 18 meses se duplica el volumen de información que generan  las empresas (datos).

Mucha de esos documentos contiene información confidencial que debe ser destruida de acuerdo con la L.O.P.D. y la importancia de adecuarse a dicha Ley.

¿Qué hace con toda esa documentación?.

¿La tira directamente?.¿Sabe dónde terminan esos documentos?.

¿La archiva?. ¿Cuántos metros cuadrados dedica a su archivo?.

¿La destruye?. ¿Es esta una tarea de valor añadido a la que dedicar sus recursos?. (más…)

Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa en la trama Gürtel, siempre ha exculpado a Francisco Camps. Hace tres semanas se reafirmó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), aunque, como recordó la Fiscalía a los miembros del jurado popular en el prólogo al juicio, “tiene derecho a no decir la verdad, al estar imputado en otro proceso”. Sin embargo, en la intimidad y en compañía de un abogado, y sin saber que estaba siendo grabado, Crespo avala la inocencia del ex presidente de la Generalitat Valenciana: “Desde luego que nunca podrán probar, ni con dinero ni con documentos contables ni con facturas, que se ha pagado nada de esos señores [Francisco Camps y Ricardo Costa]. Nunca lo van a probar porque no se ha hecho. Lisa y llanamente. Y que no tenga facturas Paco Camps, pues hombre, parece lógico, porque como efectivamente tú bien dices, ni tú ni yo guardamos las facturas de nuestros trajes”.

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El papel, como el cristal, si se rompe, por más que se pegue nunca queda igual. Y a veces, es imperativo que, aunque no quede igual, sea, al menos, legible. Pero con gobiernos, negocios, oficinas y hasta hogares usando trituradoras para destruir documentos confidenciales, ¿cúan posible es recuperar lo perdido?

Muchas oficinas la tienen: una trituradora de papel con un depósito lleno de delgadas tiras de papel.

Pero si se trata de una oficina en un lugar que está en medio de una guerra, esas páginas destrozadas pueden contener información vital.

El problema es rescatarla.

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El Ministerio de Cultura ha salvado la destruccion de documentos vitales para conocer la historia de León. En los últimos cinco años ha pagado a sus propietarios y herederos 282.200 euros para garantizar la conservación de unos fondos que, en algunos casos, eran inéditos. Otras fuentes han aportado sus donaciones.

El leonés Rogelio Blanco, director general de Libro durante las dos legislaturas del Gobierno Zapatero, ha sido el principal artífice de estas adquisiciones, que ahora custodia el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca.

También el año pasado el ministerio pagó 120.000 euros a Elisa Rodríguez Carracedo para hacerse con el archivo de Bernardo Alonso Villarejo. Esta cantidad y los 135.000 euros que costaron los fondos fotográficos de los Martín —padre e hijo— constituyen las dos mayores aportaciones del Ministerio de Cultura por salvar documentos leoneses cuyo destino, igualmente, ha sido el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

Todos los papeles que Cultura ha conseguido en este tiempo podrían esclarecer muchos detalles sobre la Guerra Civil y la posguerra, una época oscura de la historia reciente de España sobre la que aún pesan demasiadas sombras.