Durante la maratoniana jornada la magistrada no se olvidó de preguntar al exdirector general por la supuesta destruccion de documentacion que él mismo había denunciado ante la Guardia Civil.
Cuando fue preguntado por quién pudo dar dicha orden, Guerrero indicó que los únicos que pudieron hacerlo fueron el consejero y el viceconsejero. «No creo que fuera ningún director general», apuntó. Asimismo, insistió en que cuando él estaba al frente de la Dirección General los expedientes estaban completos y que ahora los que se han mandado a la juez Alaya no lo están. «Si faltan papeles es porque alguien los haya destruido», recalcó.
En cuanto a la participación del diputado socialista Ramón Díaz, la magistrada también realizó al imputado varias preguntas. Sobre este tema, Guerrero admitió que llegó a la Dirección General y que era la persona que se encargaba de asesorarle. Y, por tanto, que estaba presente en todas las negociaciones. Sin embargo aseguró que era él mismo quien decidía a quien se otorgaban las ayudas.
