El pasado 26 de enero, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre septiembre de 1999 y abril de 2008, Francisco Javier Guerrero, confirmaba a la Guardia Civil una información que ya habían proporcionado otros testigos e imputados del caso del fraude de los ERE: alguien se afanó en destruir documentos cuando se destapó el pastel, en plena investigación judicial. Guerrero declaró textualmente: «Hasta abril de 2008 los expedientes iban completos» para añadir que tiene «conocimiento por funcionarios que no quiere identificar de que se ha producido supuestamente una destruccion de documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla».
Los investigadores no descartan que se trate de una maniobra de Guerrero para eludir responsabilidades —está imputado por delitos contra la Hacienda Pública—. Pero no es el único que apunta a esta «trituradora», oficial o no, ese aspecto está por dilucidar, que podrían haber puesto en marcha altos cargos de la Junta andaluza.
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