La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación a Google por grabar datos de las redes WiFi de aquellos barrios por los que han circulado los coches del servicio Street View.
Existe la posibilidad real de que los vehículos, que llevan fotografiando España dos años, podrían haber ido recopilando información de millones de ciudadanos. A esta iniciativa, se han unido agencias de 4 países europeos (Alemania, Francia, Italia y República Checa).
La compañía se ha limitado a realizar un comunicado dentro de su Blog Oficial, explicando que todo ha sido debido a “un error de programación”.
A finales del mes de Abril, la Agencia Alemana de Protección de Datos descubrió que los coches de Google llevan un programa que registra información de las redes inalámbricas. La empresa justifico su uso argumentando que sólo rastreaban el identificador del router WiFi y el nombre de la red del usuario. Pero al final, Google tuvo que rectificar y reconocer que también grababan, en parte, el contenido de las comunicaciones. No siendo válida esta justificación, al tratarse de la principal empresa tecnológica del mundo, según la AEPD.
Cuando Google trajo sus coches a España, en mayo de 2008, la AEPD ya realizó un seguimiento al servicio para proteger la intimidad.
La recolección de datos, por parte de Google, ha sido calificado como “una grave intromisión en la privacidad de los ciudadanos” por parte de la AEPD. Ya que no sólo ha almacenado datos identificativos, sino también el tráfico que se haya generado, como el historial de páginas web, correo electrónico, etcétera”, añade.
La AEPD, además de iniciar la inspección, ha requerido a Google que bloquee los datos de tráfico que almacena. También le lanza una batería de preguntas para que informe del tipo de datos captados, los fines para los que los ha grabado y cuántas ciudades españolas han sido rastreadas hasta ahora.
La empresa del buscador lo tiene complicado para librarse de, al menos, una buena multa. Según Google, toda la información almacenada no la van a usar. Si se confirma este escenario, supone una infracción general de la legislación española.
La Ley de Protección de Datos prevé multas de entre 300.000 a 600.000 euros para las faltas muy graves. “En la medida en que los datos almacenados tengan carácter sensible, serían muy graves”, añade.
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