Dos testigos del caso de los ERE declararon ante la Guardia Civil que en noviembre de 2010, cuando trascendió la investigación dirigida por la juez Mercedes Alaya que podía afectar a la Consejería de Empleo, 10 personas estuvieron un fin de semana revisando expedientes, pero no se destruyó ni ocultó documentación.
La Presidencia de la Junta anunció en febrero que emprendería acciones legales contra el ex secretario general del PP, Antonio Sanz, por acusar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de dar las instrucciones para proceder a la supuesta destruccion de documentos en la Consejería.
Mari Luz Arraez, anterior asesora del exconsejero Manuel Recio, relató que su misión ese fin de semana fue averiguar si el exconsejero Antonio Fernández estaba entre los beneficiarios del ERE de la bodega González Byass. En el estudio de otros expedientes, “empezamos a ver cosas raras” como la falta de pólizas y la discrepancia entre beneficiarios, explicó Arraez. “Faltaban los ERE, faltaban pólizas, los expedientes estaban totalmente desordenados menos los pagos y aparecían trabajadores en las pólizas que no estaban en el expediente (intrusos)”, describió.
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