La Agencia Española de Protección de Datos iniciará de oficio una investigación para aclarar porque fueron abandonadas, en un vertedero ilegal de Tremañes (Gijón), documentos con datos confidenciales de varios opositores a policía y no se produjo la destrucción de documentación, como marca la ley. En caso de determinar que existió alguna vulneración de la Ley de Protección de Datos, finalizaría en una sanción a los responsables del correcto manejo del fichero.
Según señalo la entidad, «la agencia está analizando las informaciones publicadas para ver si es necesaria su actuación en la vía de la inspección». Como organismo independiente «cuando recibimos una denuncia o tenemos conocimiento de alguna información sobre hechos en los que pueda haber una vulneración de la ley, iniciamos actuaciones previas para determinar qué ha ocurrido, qué tipo de datos se han visto afectados y quién es el presunto responsable». Si la agencia «ve indicios» de que no se ha actuado conforme a la legislación, «se abre un expediente que podría culminar con la imposición de una sanción».
De hallar culpable al responsable del manejo de estos datos, se le sancionaría por vulnerar los deberes de seguridad y secreto. El primero señala que «el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado», mientras que el segundo señala la obligación del responsable y de «quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento» de guardar «el secreto profesional» respecto de los datos de carácter personal, «obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo».
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