El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, que sigue declarando ante la juez que instruye la investigación, Mercedes Alaya, ha planteado como “hipótesis” que la destruccion de documentos a la que hizo referencia en su declaración ante la Guardia Civil pudo ser ordenada por el consejero o el viceconsejero de Empleo.
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