La Fiscalía de Granada ha archivado las diligencias de investigación penal que incoó a raíz del cruce de denuncias que protagonizaron el ex presidente de la Diputación granadina, Antonio Martínez Caler, y la secretaria general del PP de Granada, Luisa García Chamorro, por el caso de la destruccion de documentos de la institución provincial, una serie de facturas y escritos que supuestamente habían sido tirados a la basura y que llegaron en un paquete anónimo a la sede del PP justo después de que las últimas elecciones municipales dieran a este partido las riendas de la institución.
Ha sido la propia fiscal jefe provincial, Ana Tárrago, la que ha decidido dar carpetazo al asunto, tras analizarlo en profundidad y descartar que se hayan cometido delitos de calumnias por parte de la dirigente popular o de infidelidad en la custodia de documentos por parte del ex presidente socialista de la institución provincial. No obstante, como explicó ayer a los medios de comunicación, ha acordado que se remita una copia del expediente a la Agencia Española de Protección de Datos “para que valore si ha habido alguna infracción”, debido a la información de carácter personal que contienen los documentos que originaron la investigación.












