Cada vez que una persona compra un aparato electrónico que contenga una pila o un cable, paga un canon para el reciclaje del mismo, pero la cuestión es que dicho reciclado no se está produciendo y las fábricas de reciclado de aparatos electrónicos se encuentran vacías.
Según las investigaciones que se han iniciado, la mayoría de estos aparatos electrónicos acaban en chatarreros ilegales o son exportados a países en vías de desarrollo para ser utilizados.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente junto con la Guardia Civil ha abierto las investigaciones pertinentes para aclarar esta situación y, hasta el momento, más de 60 personas han sido imputadas.
Esta situación se vive en todas las centrales de reciclado del país, donde la cantidad de material destinado para el reciclaje no supero la cuarta parte de lo que debería realizarse cada año.
Así que la pregunta que se realiza tanto la fiscalia como la guardia civil es: ¿Donde está el resto?
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